En Bolivia, diversas organizaciones impulsan la incorporación de delitos de acoso digital y violación de la intimidad en el Código Penal, en un contexto de creciente preocupación por este tipo de violencia. La iniciativa ya avanza en el trámite legislativo con el objetivo de lograr su aprobación en el corto plazo.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, advirtió que el 90 por ciento de los casos involucra la difusión no consentida de imágenes íntimas, principalmente de mujeres. Además, señaló que un 60 por ciento de los hechos corresponde a ciberacoso juvenil, donde niños y adolescentes resultan afectados a través de redes sociales.

Según los datos presentados, el 35 por ciento de los casos atendidos está vinculado a violencia sexual digital, con un 92 por ciento de víctimas mujeres, mientras que el 23 por ciento corresponde a acoso digital, donde el 91 por ciento de las denunciantes también son mujeres, aunque se aclaró que los hombres no están exentos de este tipo de delitos.

Las autoridades alertan que estas prácticas se intensificaron tras la pandemia de COVID-19, convirtiéndose en una amenaza constante. Entre los casos más notorios se encuentra el de grabaciones no autorizadas a modelos en Santa Cruz de la Sierra, donde se registraron actividades privadas sin consentimiento.

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La exfiscal de Santa Cruz y actual viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, denunció que redes delictivas llegaron a comercializar este material a través de plataformas digitales, incluso mediante grupos privados donde se cobraba por acceder a las imágenes. Las investigaciones permitieron identificar a los responsables y confiscar equipos en los que se hallaron contenidos sensibles, incluidos registros de menores.

En uno de los casos, se detectó que los autores habían vulnerado sistemas de cámaras de seguridad domésticas, aprovechando la instalación de servicios de internet para acceder y grabar durante meses sin conocimiento de las víctimas.

“Instalaban tu cable de la cámara que vos habías comprado de seguridad y te ofrecían el servicio de internet de la cámara de seguridad instalada”, expresó.

Pese a que algunos responsables fueron llevados ante la justicia, las autoridades señalaron que la normativa vigente no contempla de forma específica estos delitos, lo que dificulta su sanción. Por ello, la propuesta legislativa busca incluir figuras como el acoso sexual digital y la violación de la intimidad, con penas que podrían alcanzar hasta 10 años de prisión.

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